La complejidad de la Ley Stark requiere medidas de cumplimiento sustantivas para aplicar y hacer cumplir.
El sector sanitario sigue creciendo en complejidad: Aumento vertiginoso de los costes sanitarios. Proveedores que externalizan servicios hospitalarios, como diagnóstico por imagen, rehabilitación, pruebas y diálisis. Los hospitales buscan nuevas formas de controlar los costes y mejorar los resultados de los pacientes. Esta dinámica ha reducido la remuneración de los médicos debido a la gestión de costes, lo que les ha llevado a buscar nuevas formas de aumentar sus ingresos.
A medida que los médicos entablan relaciones con otros proveedores sanitarios, surgen preguntas de hospitales, pacientes y pagadores sobre la sobreutilización de servicios, las decisiones sanitarias comprometidas, los costes más elevados y la posible competencia desleal que favorece a los proveedores con las relaciones con los médicos.
En respuesta a estos y otros problemas, las legislaturas han promulgado o intensificado la atención a varias normas para abordar las preocupaciones de los pacientes y las aseguradoras que también ayudan a gestionar el fraude, el despilfarro y el abuso en la atención sanitaria. Entre ellas figuran la Ley de Transparencia en los Pagos a Médicos (Physician Payments Sunshine Act), la Ley Antisoborno (Anti-Kickback Statute), la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) y varias leyes estatales.
Una de estas leyes es la Ley de Ética en la Derivación de Pacientes, más conocida como Ley Stark. Al igual que las demás normas, aborda los posibles conflictos de intereses de los médicos cuando derivan pacientes a entidades externas para que reciban servicios sanitarios y en los que el médico puede beneficiarse económicamente.
El propósito de la Ley Stark es fomentar la transparencia en las relaciones con los médicos, empujar a los médicos a tomar decisiones informadas sobre la atención al paciente y ayudar al personal del hospital que trabaja con médicos a identificar posibles conflictos. La ley cubre:
- Relaciones de los médicos con entidades externas
- Naturaleza de la relación/beneficios para los médicos, incluidas las prácticas de grupo
- Derivaciones a entidades sanitarias externas
- Qué es un servicio sanitario designado
- Excepciones a la Ley Stark
Además, la Ley Stark exige ciertas medidas de cumplimiento por parte de un médico y un hospital para garantizar su cumplimiento, principalmente que los médicos revelen las relaciones con entidades externas a las que remiten pacientes para servicios sanitarios designados y en las que tienen una relación que cumple los requisitos de la Ley Stark.
La Ley Stark es compleja y requiere medidas de cumplimiento sustantivas para aplicarla y hacerla cumplir. La esperanza es que sea un paso más para mejorar los resultados de la atención sanitaria y controlar los costes ayudando a los médicos a evitar conflictos de intereses, ayudar al personal de los hospitales con la transparencia y la revisión de los posibles conflictos de los médicos y, en última instancia, ofrecer a los pacientes una mejor atención y a las aseguradoras y Medicare mejores precios.
Para desarrollar esta formación, Syntrio colaboró con Bob Wade, socio de Nelson Mullins y destacado experto en cumplimiento de la normativa sanitaria, concretamente la Ley Stark. Bob asesora a clientes en cuestiones de fraude y abuso, valor justo de mercado, razonabilidad comercial y desarrollo, supervisión y documentación de programas eficaces de cumplimiento de la normativa sanitaria. Ha trabajado como responsable del cumplimiento de la normativa sanitaria y como asesor jurídico de empresas en relación con la Ley Stark y otros aspectos del cumplimiento de la normativa en materia de fraude.
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Nota del Editor: Este post fue publicado originalmente en Syntrio.com. En enero de 2024, Mitratech adquirió Syntrio, un proveedor líder de formación en ética y cumplimiento, prevención del acoso laboral y soluciones de denuncia anónima. El contenido ha sido actualizado desde entonces para reflejar nuestras ofertas de soluciones ampliadas, la evolución de las regulaciones de cumplimiento y las mejores prácticas en ética y gestión de riesgos.
