La complejidad de la Ley Stark requiere medidas de cumplimiento sustantivas para su aplicación y ejecución.

El sector sanitario sigue creciendo en complejidad: los costes sanitarios se disparan. Los proveedores externalizan servicios hospitalarios, como el diagnóstico por imagen, la rehabilitación, las pruebas y la diálisis. Los hospitales buscan nuevas formas de controlar los costes y mejorar los resultados de los pacientes. Esta dinámica ha reducido la remuneración de los médicos debido a la gestión de costes, lo que les ha llevado a buscar nuevas formas de aumentar sus ingresos.

A medida que los médicos establecen relaciones con otros proveedores de atención médica, surgen preguntas por parte de hospitales, pacientes y pagadores sobre la utilización excesiva de los servicios, las decisiones de atención médica comprometidas, los costos más elevados y la posible competencia desleal que favorece a los proveedores que mantienen relaciones con los médicos.

En respuesta a estas y otras cuestiones, las legislaturas han promulgado o reforzado varias normas para abordar las preocupaciones de los pacientes y las aseguradoras, que también ayudan a gestionar el fraude, el despilfarro y el abuso en la asistencia sanitaria. Entre ellas se incluyen la Ley de Transparencia en los Pagos a Médicos, la Ley Antisoborno, la Ley de Reclamaciones Falsas y varias leyes estatales.

Una de estas leyes es la Ley de Ética en la Derivación de Pacientes, más conocida como Ley Stark. Al igual que las demás normas, aborda los posibles conflictos de intereses de los médicos cuando derivan a pacientes a entidades externas para que reciban servicios de atención médica y cuando el médico puede obtener un beneficio económico.

El objetivo de la Ley Stark es fomentar la transparencia en las relaciones entre médicos, impulsar a los médicos a tomar decisiones informadas sobre la atención al paciente y ayudar al personal hospitalario que trabaja con médicos a identificar posibles conflictos. La ley abarca:

• Relaciones de los médicos con entidades externas
• Naturaleza de la relación/beneficios para los médicos, incluidas las consultas colectivas.
• Derivaciones a entidades sanitarias externas
• ¿Qué constituye un servicio sanitario designado?
• Excepciones a la Ley Stark

Además, la Ley Stark exige ciertas medidas de cumplimiento por parte de los médicos y los hospitales para garantizar el cumplimiento, principalmente que los médicos revelen las relaciones con entidades externas a las que derivan a sus pacientes para determinados servicios de salud y con las que mantienen una relación que cumple los requisitos de la Ley Stark.

La Ley Stark es compleja y requiere medidas de cumplimiento sustantivas para su aplicación y ejecución. Se espera que sea un paso más para mejorar los resultados sanitarios y controlar los costes, ayudando a los médicos a evitar conflictos de intereses, colaborando con el personal hospitalario en la transparencia y la revisión de los posibles conflictos de los médicos y, en última instancia, proporcionando a los pacientes una mejor atención y a las aseguradoras y a Medicare una mejora en los precios.

Para desarrollar esta formación, Syntrio colaboró con Bob Wade, socio de Nelson Mullins y reconocido experto en cumplimiento normativo en el ámbito sanitario, concretamente en la Ley Stark. Bob asesora a clientes sobre cuestiones relacionadas con el fraude y el abuso, el valor justo de mercado, la razonabilidad comercial y el desarrollo, la supervisión y la documentación de programas eficaces de cumplimiento normativo en el ámbito sanitario. Ha trabajado como responsable de cumplimiento normativo en el ámbito sanitario y como asesor jurídico corporativo en relación con la Ley Stark y otros aspectos del cumplimiento normativo en materia de fraude.